Por: Oscar José Dueñas Ruiz

 

Las políticas públicas, dentro del pensamiento único que quiso imponer el modelo neoliberal, apuntaban hacia la flexibilización laboral, la competitividad y las llamadas reformas estructurales (frase para desmotar el Estado del bienestar) porque tenía como eje la transición del keinesianismo al monetarismo (ejemplo, Inglaterra a finales de la década de 1970). Esa corriente, por algunos llamada “clásica”,  fracasó.

 

Las políticas públicas, en una dimensión sana, humanista,   pueden considerarse como la manera de expresarse el Estado  en la determinación del bienestar social. En esta dimensión, el Estado es un servidor y un instrumento que ayuda a la cohesión social  y supera el esquema derivado del Estado liberal, porque ya no serían excluyentes los derechos derivados de la libertad (dentro de ella la libertad económica)  sino que deben integrarse con los derechos económicos, sociales y culturales –DESC-.  Lo anterior implica reformas a la concepción clásica del Estado liberal. Hay quienes sostienen que las propuestas deben partir de la academia, otros hablan de la sociedad civil, muchos las identifican con las estrategias de los planes de desarrollo, pero, en realidad, le corresponden al pueblo, como expresión democrática. Desde otra óptica, hay quienes ven con pesimismo tales políticas porque las consideran un sofisma de distracción, ante la inoperativdad del Estado. El desafío es convertirlas en realidad garantizadora de los derechos, como lo dijo la Corte Constitucional colombiana. O sea, que la política pública y los derechos prevalezcan sobre el mercado.

 

La formulación de una buena política pública reduce el nivel de incertidumbre en la toma de decisiones. En esa formulación se describen las alternativas de solución, los beneficios que se obtendrían, la organización que se requiere, las limitaciones que existen, la selección de la mejor alternativa. Implementar lo decidido,   más que ejecución, es acercarse a los objetivos, que no pueden ser otros que la mejor calidad de vida para las personas. Luego vendrá la evaluación, que  es útil, en la cual debe participar también la sociedad civil  y las diversas dependencias de la administración., advirtiéndose que la evaluación en ningún caso puede desplazar al debate político, ya que es el ejercicio de la democracia participativa el que permite  examinar los impactos económico, ambiental, de género y ético.

 

Tratándose del adulto mayor, la realidad que se pretende superar es la situación de abuso y desamparo en la cual se hallan las personas mayores, agravado esto por la falta de  una cultura proclive  hacia los derechos de las personas de mayor edad. El desafío  es detectar las NECESIDADES del adulto mayor, en el lugar concreto: la ciudad de Bogotá, para formular las políticas y controlar su ejecución. Esas  políticas públicas, concretas y eficientes, tienen que garantizar la calidad de vida de la población mayor, entendida ésta como el sentimiento de bienestar y satisfacción, que resulta del goce efectivo de derechos en términos de vivienda, salud, educación, trabajo decente, salario digno, vestido, libertades humanas, servicios sociales, todo ello dentro del contexto cultural y social específico de cada persona.[1].

 


[1] La  política pública, frente a la adultez y la vejez, aconseja el análisis denominado de  emplee las 4ª`s y del respeto a los DESC. El criterio de análisis conocido como de las 4A`s implica la inclusión de  la asequibilidad, el acceso, la aceptabilidad, y la adaptabilidad en   las agendas de los  gobiernos, para que, por ejemplo, en la política pública sobre el del adulto mayor haya eficiencia en el desarrollo de dicha política

 
 
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